La gestión de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, atraviesa un período de creciente escrutinio público, en medio de denuncias y cuestionamientos que han reactivado el debate sobre la transparencia, la independencia judicial y el manejo de los recursos públicos dentro del Órgano Judicial.
El debate se ha intensificado tras las recientes declaraciones de la abogada Karisma Karamañites y la difusión en redes sociales de denuncias sobre presuntas irregularidades en fallos de alto perfil, lo que ha reavivado dudas sobre la credibilidad y la comunicación institucional del Órgano Judicial.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, advirtió que es necesario diferenciar entre los debates que se generan fuera de los tribunales y aquellos que, dentro del sistema de justicia, deben cumplir parámetros formales para tener efectos legales.
No obstante, sostuvo que el silencio institucional frente a cuestionamientos públicos profundiza la desconfianza ciudadana.
Araúz sostuvo que existe una falta de vocería institucional capaz de responder a los cuestionamientos públicos, explicar decisiones sensibles y aclarar hechos que afectan la imagen del sistema judicial.
Subrayó que el Órgano Judicial no es una sola figura, sino un cuerpo colegiado cuyas decisiones son compartidas y cuya rendición de cuentas debe ser colectiva, lo que permitiría distribuir responsabilidades y corregir fallas sin que el silencio institucional empañe la gestión administrativa.
Por su parte, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal advirtió, a través de su cuenta en la red social X, sobre la gravedad de publicaciones que denuncian la supuesta existencia de una organización criminal dedicada a la extorsión y el chantaje, que podría haber incidido en decisiones judiciales de alto perfil.
Ante ello, urgió la conformación de una comisión investigadora especial que rinda un informe exhaustivo al país y despeje dudas sobre los hechos denunciados, advirtiendo que la falta de acción podría profundizar el deterioro de la confianza en la justicia.
En la misma línea crítica, el abogado Alfredo Vallarino afirmó que el paso del tiempo ha puesto en entredicho la credibilidad de exfiscales, exmagistrados y figuras que en su momento fueron presentadas como referentes en la lucha contra la corrupción.
El jurista también señala una presunta articulación entre funcionarios públicos y medios de comunicación para impulsar determinadas versiones de los hechos, con el respaldo de recursos estatales y campañas mediáticas.
Además recordó que el periodo de María Eugenia López al frente de la Corte está por terminar, lo que traería nuevos aires.
Por otro lado, López ha enfrentado cuestionamientos que incluyen denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional de Diputados por presuntos delitos de falsedad documental, contra la administración pública y fraude en la contratación pública.
Estas acusaciones se presentaron en agosto de 2025. Para esa fecha también se denunció la contratación de un carro blindado para protección de la magistrada presidente de la Corte.
A la polémica se suma el incremento salarial aprobado durante su administración, que elevó la remuneración mensual de los magistrados de la Corte a 14 mil dólares, una medida que generó críticas en distintos sectores por darse en un contexto de dificultades económicas.
